La Justicia ordenó a la firma comercial Jack Tower a paralizar y demoler las obras de ampliación que llevaba adelante en la Playa Arazaty. La Resolución judicial fue firmada en octubre, sin embargo, el parador bar y boliche aún no acató la orden.

Tampoco la Municipalidad de Corrientes realizó ninguna actuación para que se haga efectivo lo resuelto por la Justicia. 

Así informaron desde la Asamblea de los Espacios Públicos Costeros, quienes señalaron que Jack Tower amplió, “en forma absolutamente ilegal, el espacio que ocupa en la playa Arazatí”.  

Lo hizo desde el mes de septiembre de este año, instalando nuevas plataformas, levantando un techo, sumando camastros, mesas, sillas y bancos, extiendo la ocupación del espacio público hacia la zona de ribera y hacia las canchas de vóley, lindantes al bar.

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes realizó cinco inspecciones y labró actas de las infracciones para paralizar dichas obras, las que fueron directamente desconocidas por los titulares de la explotación comercial.  

En las actas y en el informe agregado en el expediente judicial por la ilegalidad de tales construcciones, consta que la Municipalidad no autorizó la ampliación y dispuso la paralización.

Sin embargo, la obra continuó adelante y hoy se exhibe y ostenta concluida contra la disposición de la autoridad pública administrativa.

También en la justicia, en el expediente que llevan adelante los Defensores de los Espacios Públicos Costeros, se determinó que Jack Tower y el resto de los paradores que están instalados sobre la zona de playa, “tienen prohibido ampliar, modificar, alterar cualquier estructura”. 

No obstante, la firma en cuestión violó la orden judicial,  y también las normas municipales, incluso la habilitación concedida oportunamente.

El 12 de octubre del corriente año, se labró la Resolución Judicial N° 1479, donde se intimó a Jack Tower SA, ubicado en avenida costanera sur, “a la inmediata paralización de las obras de ampliación y consecuente retiro de los materiales y estructuras de construcción emplazados en la playa, en el plazo de 48 horas”.

Esta orden fue notificada tanto a la firma incumplidora como a la Municipalidad, pero hasta la fecha ni la Jack Tower ni el Municipio cumplieron”, afirmaron desde los Defensores Costeros.

“La usurpación de los espacios públicos de la playa Arazatí tiene aval político en corrientes, que protege y frena el cumplimiento de la ley constituyendo una desigualdad manifiesta, un abuso de autoridad, una arbitrariedad, que exhortamos cese en forma inmediata”, concluyeron desde la Asamblea de ciudadanos autoconvocados.