La audiencia pública convocada por la Municipalidad de Corrientes para discutir el nuevo aumento del boleto de transporte urbano se desarrolló en medio de fuertes críticas por su carácter “exprés” y la escasa participación ciudadana. Según informó el medio Corrientes Hoy, solo seis personas se inscribieron para participar, y cinco de ellas se manifestaron en contra del incremento.

Desde el Foro de Organizaciones Vecinales de Corrientes denunciaron que la convocatoria no respetó el plazo legal de 30 días previsto por la Carta Orgánica Municipal, ya que fue anunciada con apenas cinco días de anticipación. 

Además, advirtieron sobre irregularidades en la inscripción para participar, señalando que la audiencia se realizó en un contexto de profunda crisis económica, donde las empresas buscan llevar el pasaje a más de 1800 pesos, lo que convertiría a Corrientes en una de las ciudades más pobres del país con el boleto más caro.

Durante la jornada, distintos participantes cuestionaron el intento de aumento. El defensor de los Vecinos, Agustín Payes, presentó un estudio que demuestra que “con cada aumento del 10% del boleto, cae un 2% el número de pasajeros”, señalando que los incrementos solo agravan la crisis del sistema. 

Según sus datos, la cantidad de usuarios diarios pasó de 60.000 antes de la pandemia a apenas 8.400 en la actualidad. “Hoy las empresas recaudan más por las gratuidades que por los boletos pagos. Hay una desconexión total entre lo que las empresas proponen y lo que los vecinos pueden pagar”, sostuvo.

Por su parte, Leonardo Ortiz, presidente del Partido Unidad Popular y secretario adjunto de la CTA Autónoma, cuestionó la orientación del debate: “Acá no se discute el estado real del servicio. Hay colectivos rotos, falta de mantenimiento, demoras, maltrato y paradas sin condiciones mínimas. Todo eso desalienta al usuario y explica por qué cada vez menos gente elige viajar”.

También intervino Verónica Núñez, docente y usuaria del transporte, quien puso el foco en la situación de las personas con discapacidad, especialmente las que tienen discapacidad visual. “Viajamos todos los días con bastón, con las dificultades de siempre. A veces los choferes no comprenden que no podemos colocar la tarjeta. Hay una falta total de sensibilidad. El sistema no está preparado para incluirnos”, reclamó.

Finalmente, el contador público y docente Miguel Ángel Gómez realizó un análisis técnico sobre los costos presentados por el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu). “Las planillas son opacas, incompletas y arbitrarias. Los concejales no tienen idea de lo que están a punto de decidir. No hay una fórmula transparente ni datos verificables. Esto no es una audiencia: es una formalidad para convalidar lo que ya está decidido”, expresó.

La única voz a favor del incremento fue la de Gabriela Temporale, representante de las empresas, quien defendió la propuesta de llevar el boleto a 2.370 pesos, alegando que los costos del servicio hacen inviable el esquema actual.

La audiencia dejó al descubierto un escenario de descontento social y desconfianza hacia el sistema de transporte, que combina tarifas en alza, baja calidad del servicio y falta de control sobre los estudios técnicos que justifican los aumentos.