La justicia correntina confirmó que el juicio oral y público por la muerte de Lautaro Rosé se iniciará el 16 de febrero de 2026 en la ciudad de Corrientes. La decisión pone una fecha a una causa que se arrastra desde noviembre de 2021 y que generó gran conmoción en la provincia. 

En la causa están imputados seis efectivos pertenecientes al Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR): Carlos Prieto, Juan Aveiro, Sergio Iván Barberán, Omar Aguirre, Maximiliano Romero y Vicente Pruyas. Los acusados afrontan cargos por abandono de persona agravado por el resultado muerte, severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

El debate se desarrollará ante un nuevo tribunal integrado por la jueza Ana del Carmen Figueredo —como presidenta— y los vocales Darío Alejandro Ortiz y Mercedes Leconte, designados para llevar adelante el proceso. Las fuentes judiciales indican que, por el momento, los imputados se encuentran en libertad mientras avanza la causa. 

Los hechos se remontan a la madrugada del 7 de noviembre de 2021, cuando Rosé —de 18 años— y un grupo de amigos estaban en la costanera de la ciudad. Tras un llamado al 911 y la intervención de varios móviles policiales, se produjo una persecución que terminó en la ribera del río Paraná; los jóvenes se arrojaron al agua y Lautaro se ahogó. La investigación sostiene que los agentes no brindaron auxilio y que, en algunos testimonios, se escucharon disparos en la zona mientras la víctima pedía ayuda. El cuerpo de Rosé fue hallado días después por allegados. 

La acusación sostiene que la conducta de los efectivos encuadra en la figura de abandono de persona agravado por el resultado muerte, delito que, según la tipificación que pesa en autos, puede implicar penas de distinta gravedad dependiendo de la atribución de autoría y la concurrencia de otros ilícitos. En etapas previas del proceso declararon testigos y fueron incorporadas periciales que formarán parte central del debate oral. 

Familiares, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han acompañado los trámites judiciales desde el inicio del caso, reclamando celeridad y la efectiva investigación de la actuación policial. La fijación definitiva de la fecha de juicio representa, para los querellantes, una instancia clave para acreditar responsabilidades y obtener respuestas públicas sobre lo ocurrido. 

Qué sigue

El proceso oral permitirá la producción probatoria en audiencia (declaración de testigos, peritos, las partes y posibles registros fílmicos o documentales). Tras el inicio del juicio el 16 de febrero, el tribunal deberá determinar la responsabilidad individual de cada imputado y eventualmente imponer penas si corresponde. Hasta entonces, las partes podrán presentar escritos, pruebas adicionales y peticiones procesales propias del trámite.