El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó "hay que acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo". Fue en referencia a la Ley Ómnibus impulsada por el presidente, Javier Milei, y que se debatirá en la Cámara de Diputados de la Nación este miércoles.

De esta forma, el mandatario provincial continúa con su apoyo sin fisuras a Milei, que comenzó luego de la primera vuelta electoral del año pasado y sigue ahora con el libertario como presidente.

Apoyo que perdura a pesar que la Provincia está sufriendo un feroz ajuste en sus cuentas por la merma progresiva en las transferencias automáticas de la Nación. 

En diciembre recibió 70.000 millones de pesos menos; y en las primeras dos semanas de enero los recursos nacionales descendieron casi 7%, en términos reales, si se lo compara con igual período del año pasado.

"Como gobernador de la Provincia de Corrientes y como parte de los gobernadores de Junto por el Cambio, creo que tenemos que hacer mucha fuerza para que esta ley salga y que definitivamente podamos tener una ley que mejore la situación de los argentinos", dijo Valdés.

De esta forma, aseguró el acompañamiento de los cuatro diputados nacionales por Corrietes que ECO + Juntos por el Cambio tiene en la Cámara Baja nacional. Ellos son: Manuel Aguirre (UCR), Sofía Brambilla (PRO), y Alfredo Vallejos (UCR).

En el mismo sentido se pronunció el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo De Loredo. Por lo que el Gobierno suma un importante apoyo, que se suma a su propio bloque y el del PRO.

También está encaminado el acompañamiento del bloque que lidera el peronista dialoguista, Miguel Ángel Pichetto. 

La decisión de Valdés despierta mucha polémica en varios sectores sociales, políticos y sindicales de Corrientes, que el miércoles pasado realizaron una multitudinaria movilización por el centro de la Capital provincial. 

Allí se exigió, precisamente, que los legisladores nacionales por Corrientes rechacen la Ley Ómnibus enviada por Milei. La iniciativa, entre otras cosas, pone en venta las empresas públicas, desregulariza por completo la actividad económica, deroga la Ley de Tierras.

Asimismo, le otorga súper poderes al presidente, traspasándole facultades que son propias del Congreso. También criminaliza severamente la protesta social.