Ante los reclamos de las comunidades originarias para que se destinen recursos a la búsqueda del menor Salustiano Giménez de 16 años, desaparecido desde el 12 de febrero de 2023, la policía de Chaco respondió "baleando, gaseando y garroteando a quienes protestaban en las inmediaciones de la comisaría de Nueva Pompeya", explicaron desde OCSo.

 El saldo de la represión fue de más de 40 personas heridas (muchas de ellas mujeres) y 20 detenidas (entre las que se contaban varios menores de la misma edad de Salustiano). También alertaron sobre los discursos racistas y de odio emitidos o replicados por los medios masivos de comunicación, locales y nacionales, así como los pronunciados por la Asociación Civil De Policías y Penitenciarios de la Provincia del Chaco, que utiliza el contexto para exigir mayores recursos para la fuerza policial. 

En ese sentido, en un comunicado,  el Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentina (OCSo-NEA) repudió la "feroz represión ejercida por la policía del Chaco (por orden del gobierno provincial) con colaboración de fuerzas federales (bajo órdenes del gobierno nacional) hacia la comunidad wichí de Misión Nueva Pompeya, en el corazón del Impenetrable,  durante los días sábado 4 y domingo 5 de marzo del corriente año. 

Además expresaron: "las investigaciones sobre casos empíricos -que venimos realizando desde hace 7 años - demuestran que esta práctica de control de la protesta social, al igual que otras modalidades de violencia estatal, es de carácter sistemático en la provincia. Así lo atestiguan las cuatro (4) muertes en contexto de represión a la protesta social sólo en la última década". 

"Estas acciones de violencia material se han vuelto recurrentes en el escenario de la ciudad de Resistencia (con utilización de carros hidrantes) pero se replican con mayor gravedad y menor visibilidad en distintos puntos de la provincia, en especial durante desalojos de cortes de rutas, y con particular ensañamiento hacia integrantes de pueblos originarios y referentes de organizaciones sociales combativas, como ha ocurrido recientemente en Quitilipi", sigue le documento.  

También denuncian que "no es sólo un mal proceder de la policía chaqueña, en el marco de una investigación judicial deficiente por la desaparición de un joven originario, sino que integra una secuencia de prácticas que reactualiza el histórico ejercicio de dominación por la fuerza hacia pueblos indígenas, hecho fundacional de la provincia de Chaco". 

"Pese a que el discurso oficial del gobierno construye un relato de reparación histórica hacia lxs originarios (con la Causa Napalpí como estandarte) es evidente que el ejercicio de la violencia como herramienta de coerción y dominación de éstxs sigue tan vigente como en 1924 y se extiende mucho más allá, alcanzando a otros sectores marginales de la población (presos, jóvenes de barrios populares, villas o asentamientos y militantes de organizaciones sociales)".  

Además el documento destaca que:

Los asesinatos de integrantes de pueblos originarios como Florentín Díaz (2013), Marcelina Romero (2014) e Ismael Ramírez (2018), así como Ángel Verón (2015), durante represión a la protesta social -a las que se pueden sumar otras más antiguos como Juan Sendra (1995) o casos irresueltos como el de Mártires López (2011) -  son la prueba más evidente de que el uso de la violencia física directa es el principal mecanismo de resolución de conflictos sociales de alta intensidad. A eso se suman otros mecanismos de represión preventiva que tienen como principal objetivo disciplinar a la población. Según el registro del OCSo-NEA entre 2008 y 2018 hubo en Chaco: 20 casos de gatillo fácil (2 de ellos pertenecientes a pueblos originarios), 15 muertes en comisarías, 9 muertes en operativos policiales (3 de ellos pertenecientes a pueblos originarios) y 40 muertes por cárcel. 

Finalmente no podemos obviar que estos hechos se dan en el marco de una transformación del modelo económico provincial/regional donde el proceso de sustitución de las formas productivas tradicionales (pequeños productores rurales, cooperativas agrícolas, trabajo estacional) por formas de acumulación con una lógica extractivista en una escala de negocio transnacional, implica la utilización de violencia sobre los pueblos originarios y criollos del interior del Chaco, a quienes se despoja de sus tierras, recursos, salud, saberes y prácticas, forzándolos a abandonar sus territorios para reubicarse en la periferia de las ciudades. Acciones llevadas a cabo por privados con anuencia directa o indirecta de los poderes estatales y sus fuerzas, como lo ejemplifican nuestras investigaciones sobre fumigaciones con agrotóxicos y los datos estadísticos sobre desmonte del bosque nativo.

La complejidad del entramado social en el cual se produce este conflicto hace necesario atender a todos los aspectos que lo caracterizan y denunciar la permanencia de la violencia racista hacia los pueblos originarios de la provincia.