Un análisis de Nueva Mirada Radio

Durante 2024, la Argentina alcanzó una cifra alarmante: más de 8 millones de personas trabajan en la informalidad, lo que representa casi el 40% del total de trabajadores del país, según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH). Este nivel de empleo informal es el más alto registrado desde 1991, año en que se comenzó a medir de forma sistemática esta variable.

Este dato surge de cotejar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec -proyectado al total país- con el relevamiento de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, basado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Este crecimiento no se explica solo por la caída de la actividad económica, sino también por las decisiones políticas tomadas por el gobierno de Javier Milei. La reforma laboral incluida en la Ley Bases ha impulsado una serie de modificaciones legales que habilitan nuevas formas de precarización: extensión del período de prueba, modificación del régimen de indemnizaciones, limitaciones al derecho a huelga, flexibilización de licencias laborales, y hasta amnistías para empleadores con trabajadores no registrados.

Los datos marcan una clara tendencia: el empleo crece, pero lo hace principalmente en su versión más precaria. Mientras que el trabajo registrado aumentó en unas 239.000 personas, el trabajo informal lo hizo en más de 387.000. Además, dentro del empleo “formal”, se verifica una caída de asalariados y un aumento de monotributistas, que muchas veces trabajan en condiciones similares a las del empleo en negro.

La precarización también tiene un fuerte sesgo generacional. Para las nuevas generaciones, acceder a un trabajo en blanco con derechos garantizados se ha vuelto una rareza. Quienes hoy tienen entre 20 y 40 años, en su mayoría, nunca conocieron las condiciones laborales que tuvieron sus padres: estabilidad, aguinaldo, vacaciones pagas, obra social, aportes jubilatorios. Esa forma de trabajo, para millones, es apenas un recuerdo familiar o una excepción inalcanzable.

Según los últimos datos de la EPH en 31 grandes aglomerados urbanos del país, menos de dos tercios de los trabajadores estaban registrados (62,1%) y 37,9% se desempeñaba sin descuentos ni aportes para el sistema jubilatorio.

Los ocupados en relación de dependencia representaban 72,2% del total -cayó 1,5 puntos porcentuales en 2024- y los independientes el 27,8% restante. Entre los asalariados 63,9% lo hace en la formalidad y 36,1% en la ilegalidad.

El claro ejemplo del impacto de este modelo es también en los salarios de la región. Un caso extremo, pero representativo, es el de los docentes universitarios. En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), el 85% del plantel docente cobra por debajo de la línea de indigencia, a pesar de tratarse de un empleo calificado. Si ese es el panorama en el ámbito académico, la situación en otros sectores resulta todavía más crítica.

Lejos de resolver un problema histórico, el gobierno actual profundiza una tendencia que comenzó con la última dictadura y que ningún gobierno posterior logró revertir. Hoy, en lugar de avanzar hacia más derechos, la Argentina se aleja de la idea de trabajo digno y consolida un sistema en el que la desprotección es la norma.

Nombrar esta realidad es el primer paso para resistirla. Porque lo que se presenta como inevitable, no lo es: es una elección política. Y también lo es la decisión de revertirla.