Por Jere Giordano

El 30 de octubre Javier Milei echó a Diana Mondino de la Cancillería argentina por votar a favor de Cuba en la Asamblea de la ONU y en contra del bloqueo económico que lleva adelante EEUU ante el pueblo caribeño. 

Esta situación despertó nuevamente el interés de la prensa, las redes sociales y la sociedad en hablar del bloqueo o más bien el embargo como le dicen los analistas.

Un embargo, en términos generales, podría definirse como un secuestro de bienes por deuda mediante una medida judicial y ante una autoridad competente. Pero, ¿qué le debe Cuba a Estados Unidos? El único argumento por el cual comenzó el bloqueo fue el carácter de socialista que Fidel Castro le dio a la revolución cubana y por eso es un bloqueo, no un embargo. No se le puede cobrar la soberanía política a un Estado.

Desde 1959 Cuba es víctima de un bloqueo que parece buscar derrocar el orden institucional libremente elegido por el pueblo cubano. El gobierno de Estados Unidos usa la palabra “embargo” para no reconocer que aplica medidas de guerra en tiempo de paz, y así poder encubrir sus verdaderos intereses con el pueblo cubano, al que trata de someter de diferentes maneras.

¿Por qué es una medida de guerra el bloqueo?

La Conferencia Naval de Londres de 1909, fijó que un bloqueo, es un acto de guerra, sólo aplicable entre naciones que se encuentran en guerra. El mismo “embargo” que aplica Estados Unidos sobre Cuba está basado en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1916, básicamente están expresando una posición de guerra ante Cuba.

Incluso, el bloqueo, califica como un delito de genocidio, tipificado en el articulo II, inciso C, de la Convención de las Naciones Unidas para la prevención y la Sanción de Genocidio que reza “sometimiento internacional de un grupo humanos a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

Durante más de 60 años, los diferentes gobiernos estadounidenses realizaron todo tipo de instrumentos políticos legales que fueron armando el tejido del bloqueo, que incluyó en 1992 y 1996 dos cuerpos legislativos de amplio alcance: la Ley para la Democracia en Cuba, conocida como la Ley Torricellli, y la Ley para la Libertad y Solidaridad Democráticas Cubanas, conocida como la Ley Helms – Burton, incluido acá el cambio del orden constitucional en Cuba.

Desde aquel memorando del subsecretario de Estado Lester Mallory al Subsecretario de Estado Rubotton, el 6 de abril de 1960 donde dice “el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales (…) hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica en Cuba”; hasta hoy es el sistema de sanciones más abarcador, estructurado y prolongado que ha sufrido algún país en la historia.

Incluso se recrudeció en 2018 con 243 medidas del gobierno de Trump, concebidas como castigo a las familias cubanas, además de la inclusión a Cuba en la lista de los Estados que patrocinan el terrorismo. Esas decisiones, mantenidas y aplicadas por Biden en su mandato, agravaron las consecuencias del bloqueo.

Durante más de 30 años, la comunidad internacional, en la más amplia votación de la Asamblea General de la ONU, ha exigido ponerle fin. Lo mismo que hace Argentina desde siempre. Hoy, decenas de líderes y gobiernos, miles de artistas, intelectuales, religiosos, luchadores sociales, parlamentarios y los pueblos del mundo exigen el fin del bloqueo.