El pasado miércoles la denunciante del intendente de San Luis del Palmar, recibió una cédula policial en la que se la intimaba a acercarse a la Comisaría de la localidad para proceder a la extracción de fichas dactilares. 

Cabe destacar que la sobreviviente no cuenta con antecedentes penales ni tampoco está imputada en ninguna causa. Sí está imputado el jefe comunal, Néstor René Buján, desde el 29 de septiembre por lesiones leves en contexto de violencia de género. 

Ante el desconcierto del pedido, los abogados de la denunciante, Hermindo González y Alfredo Vallejos, se presentaron el mismo día en las oficinas capitalinas de Fiscalía para conocer el origen de la medida. 

Desde el organismo judicial les comentaron que ninguno de los fiscales solicitaron tal procedimiento, por consecuencia el letrado se dirigió hacia la Jefatura de Policía. 

Allí le argumentaron que es un pedido administrativo, ya que vieron la causa, abrieron el legajo de la sobreviviente y notaron que no se distinguen sus huellas del trámite de cédula que se realizó cuando tenía alrededor de 10 años. 

La denunciante teme que le armen una causa, sobre todo que investiguen con tal liviandad su legajo y a la par, que la policía pase sobre Fiscalía en un caso tan delicado que involucra a un intendente en funciones. 

La semana pasada vivió el allanamiento ilegal de su domicilio, ya que la orden judicial era para el hermano menor de la sobreviviente. 

Lo más grave, es que la orden de allanamiento decía que era para calle Buenos Aires al 500, lo que implica la falta de especificación sobre la vivienda. 

Además, el padre de la denunciante le explicó a la policía que allí no vivía la persona que estaban buscando, pero la insistencia de ingreso de los diez efectivos a la vivienda fue contundente. 

A tal punto de la situación y la escalada de persecución de hostigamiento, más aún con la pericia psicológica que avalaría el grado de vulnerabilidad de la sobreviviente, en comunicación con Nueva Mirada manifestó que teme por su vida y la de su familia.