El viernes 21 de marzo la familia de Pablo Grillo se presentó como querellante de la investigación ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 y solicitó medidas de pruebas para determinar la responsabilidad penales sobre la represión que desplegó el gobierno nacional.

“Lo que paso los últimos miércoles con los jubilados, los manifestantes y la prensa, no es algo de éstas semanas es algo que viene siendo parte de este gobierno como decisión política. Nosotros anteriormente habíamos hecho una conferencia de prensa con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Si.Pre.Ba) y la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN) para advertir esto”, comenta Sebastián.

“Los jubilados deben ejercer su derecho a protestar y nosotros tenemos que ejercer nuestra libertad de prensa como lo expresa la Constitución Nacional. Lamentablemente, una vez más, las fuerzas represoras de Patricia Bullrich descargaron todo su arsenal contra el pueblo en general. Es por eso que nosotros exigimos la renuncia de la Ministra de Seguridad”, agregó.

Cabe recordar que la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue parte del gobierno del 2001 que dejó un saldo de 22 muertes en las represiones y también del gobierno de Macri que puso en marcha el protocolo anti piquetes para justificar represiones por parte de las fuerzas de seguridad.

“Desde siempre ésta ministra puso como foco de su ataque a la prensa de manera indiscriminada. Acá lo que esta claro es que no quieren que mostremos lo que vemos en la calle porque si se ve no pueden sostener el relato que se crean ellos”, confesa Vricella.

Según la reconstrucción que realizó A.R.G.R.A, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a investigadores y peritos del CONICET permitió determinar que quien disparó el cartucho de gas lacrimógeno que impacto contra Pablo Grillo fue el Cabo 1ero Guerrero, sobre el cual pesa la denuncia de tentativa de homicidio agravado. Los abogados que asumieron la querella son Paula Litvachky del CELS y Claudia Cesaroni de La Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Pero también hay que determinar las responsabilidades políticas. “Quedó comprobado que fue un proyectil que se disparó hacia abajo y no como indica el protocolo, y no sólo fue éste cabo sino que varios efectivos, de lo que se deduce que fue una orden, y esa orden es política”, explicó Sebastián.

Para concluir comentó que el 16 de diciembre del 2023 presentaron “las primeras denuncias con el CELS de los compañeros y compañeras gaseadas y baleadas de las primeras manifestaciones. A partir de ahí la represión y la violencia se fue incrementando”.

Entrevista completa: https://youtu.be/zlimZpxDKH4