Por Jere Giordano 

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, impulsa cambios de gran impacto sobre el ejercicio del periodismo y la pluralidad de voces en Argentina. Dos medidas recientes, la inclusión de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional en la reforma laboral enviada al Congreso y la eliminación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCa), configuran lo que sindicatos y organizaciones del sector califican como un nuevo ataque a la libertad de prensa.

La reforma laboral que el Ejecutivo presentó ante el Senado contempla un artículo —identificado como parte de las “derogaciones” del proyecto— que elimina la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946 y que regulaba funciones, derechos y garantías de los trabajadores de prensa. Según el texto oficial, “deróganse las leyes de 12.908 y sus modificatorias…” lo que implicaría dejar sin efecto ese marco legal específico para periodistas. 

Organismos representativos del periodismo advirtieron con dureza sobre esta pérdida. En una nota formal remitida al Senado, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sostuvo que derogar la Ley 12.908 “constituiría un error histórico y un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”. 

Además, sindicatos como SiPreBA explicaron que el estatuto proteje “derechos laborales, individuales y profesionales” y es un “estatuto ejemplo en el mundo, que protege un valor social como la libertad de expresión”. 

La reacción de los periodistas organizados también se expresó en una solicitada firmada por más de 3.000 profesionales en la que advirtieron que la eliminación del estatuto sería un “grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática de nuestro país”. 

Paralelamente, mediante la Resolución ENaCom 11/2026, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) derogó el Reglamento General del FoMeCa, mecanismo clave creado bajo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) para financiar mediante concursos a radios, canales y productoras comunitarias, cooperativas y medios sin fines de lucro. 

La resolución publicada en el Boletín Oficial dispone que se deja sin efecto el reglamento anterior del FoMeCa y se aprueba en su lugar el Reglamento General del Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (FoProA). Según la norma, este nuevo fondo busca “adaptarse a la constante evolución tecnológica” y atraer inversiones al sector audiovisual, pero deja sin mecanismo específico de apoyo a los medios comunitarios. 

Organizaciones de medios comunitarios y alternativos denunciaron que con esta medida se redefine el esquema de financiamiento estatal al poner en igualdad formal a medios comerciales lucrativos con espacios comunitarios, sin garantizar la función que tenía FoMeCa de sostener la pluralidad de voces locales. 

El organismo Agencia FARCO afirmó que el cambio habilita que recursos antes destinados por ley a medios comunitarios también puedan ir a “personas o empresas privadas”, lo que a su juicio se burla de la obligación legal de promover medios sin fines de lucro. 

Tomadas en conjunto, estas medidas se suman a un patrón de tensiones entre el Ejecutivo y el periodismo que diversos informes ya vienen documentando. Organizaciones internacionales como el Committee to Protect Journalists (CPJ) han señalado un aumento de acciones civiles y criminales contra periodistas y medios críticos, así como presiones institucionales que, en la práctica, “hacen muy difícil para un juez investigar a un presidente”. 

Para sindicalistas y comunicadores, la derogación del Estatuto del Periodista y la eliminación de FoMeCa no son hechos aislados sino partes de una misma política comunicacional del gobierno que apunta a limitar los marcos jurídicos y económicos que sostienen la pluralidad informativa en el país. En este marco, advierten que las consecuencias podrían ir más allá de lo laboral o financiero, afectando la independencia editorial, la diversidad de fuentes y el derecho ciudadano a estar informado.