Un análisis de Nueva Mirada Radio

El 26 de enero, 260 trabajadores de la textil ALAL recibieron la carta documento que los dejaba sin empleo. Venían de salir de vacaciones. Algunos habían regresado el 19 para tareas de mantenimiento. No hubo aviso previo de cierre. No hubo explicación pública de quiebra. 

La empresa invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar el 50% de la indemnización, una herramienta prevista para casos excepcionales de fuerza mayor o falta de trabajo debidamente acreditada.

Los trabajadores sostienen que la firma no está quebrada. Hablan de inversiones recientes, de maquinaria nueva, de camiones que retiraron hilo y fibra durante el receso. “Fue una bomba de agua fría”, dijo Horacio Rúfanat, 55 años, 17 en la empresa. “Yo quiero seguir trabajando”.

El conflicto derivó en protestas frente a la planta, cortes intermitentes de ruta y una audiencia en la Secretaría de Empleo provincial. Allí apareció un abogado de la empresa y la discusión se trasladó al plano individual: cada trabajador debía iniciar su propio reclamo judicial. El conflicto colectivo empezó a desarmarse.

Lo que ocurrió en Goya no es sólo un conflicto empresarial. Fue un anticipo.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ya obtuvo media sanción en el Senado por 42 votos contra 30 y ahora el tratamiento en Diputados. El oficialismo busca aprobarla antes del 1° de marzo para exhibirla como triunfo político en la apertura de sesiones.

En Corrientes, los legisladores radicales acompañaron la media sanción. El actual gobernador, Juan Pablo Valdés, hermano del ex mandatario Gustavo Valdés, integra un esquema alineado con la Casa Rosada. Más allá de las tensiones discursivas de campaña, el respaldo legislativo fue decisivo.

El clima político incide en el clima empresario. La expectativa de un nuevo marco normativo habilita conductas anticipadas: despidos ahora, reincorporaciones después bajo reglas más flexibles, reducción de costos laborales mientras el Congreso debate. El caso ALAL encaja con precisión en ese patrón.

La reforma no se limita a modificar indemnizaciones. Cambia la arquitectura del trabajo:

Crea un banco de horas que permite extender jornadas hasta 12 horas, compensables luego según acuerdo, debilitando el régimen tradicional de 8 horas y el pago de horas extras.

Fracciona vacaciones en períodos mínimos de 7 días y garantiza verano completo sólo una vez cada tres años.

Reduce el salario ante enfermedades o lesiones, habilitando pagos parciales.

Introduce salarios por productividad que trasladan al trabajador la presión por mantener ingresos.

Elimina la ultraactividad de los convenios colectivos: vencido el plazo, los derechos no se prorrogan automáticamente y todo debe renegociarse.

Da primacía al convenio por empresa sobre el de rama, debilitando la negociación colectiva sectorial.

Restringe el derecho de huelga al declarar esenciales múltiples actividades obligadas a garantizar entre 50% y 75% del servicio aun en paro.

Crea un fondo de cese laboral financiado con aportes que reemplazaría la indemnización tradicional, trasladando parte del costo del despido al propio trabajador.

Legaliza de hecho la precariedad de los monotributistas y trabajadores “independientes”, naturalizando la ausencia de vacaciones pagas, aguinaldo y aportes.

Elimina estatutos profesionales, entre ellos el del periodista.

En ese marco, el uso del artículo 247 en ALAL adquiere otra dimensión. Si hoy se intenta pagar el 50% invocando una crisis discutida, mañana el propio sistema puede abaratar estructuralmente el despido. Lo excepcional se vuelve regla.

El impacto es social antes que jurídico. En Goya, 260 familias quedaron sin ingreso estable. Un trabajador con más de tres décadas de aportes agradeciendo un bolsón de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social y pidiendo útiles escolares para sus hijos. El tránsito es brutal: de empleo industrial con derechos a dependencia asistencial.

ALAL muestra la secuencia completa: reducción salarial previa, despido masivo, indemnización cuestionada, fragmentación judicial y expectativa de reapertura selectiva bajo nuevas condiciones. Es el laboratorio de un modelo donde la estabilidad se diluye y el riesgo empresario se descarga sobre el trabajador.

La reforma aún debe tratarse en Diputados. Pero en Goya ya se vive su lógica. Por eso ALAL no es un caso aislado. Es el ensayo de la Argentina laboral que viene.

La CGT: acompañar o conducir

Hay un punto que merece un apartado propio: el rol de la Confederación General del Trabajo.

Desde hace tiempo se escucha la misma frase en boca de sus dirigentes: “venimos a acompañar a los trabajadores”, “venimos a acompañar su decisión”, de hecho fue lo que dijeron con los trabajadores de ALAL. El verbo es siempre el mismo: acompañar.

Pero la CGT no es un observador solidario. No es un compañero de oficina que brinda contención emocional. Es —o debería ser— la conducción política de la clase trabajadora organizada.

Cuando un dirigente habla en tercera persona y dice que va a acompañar la decisión de los trabajadores, marca una distancia. Y esa distancia es política. Porque en contextos de presión económica, miedo al desempleo y urgencia material, la decisión inmediata puede ser aceptar el 50% antes que quedarse sin nada.

¿El rol sindical es validar esa resignación o disputar el marco en el que esa resignación se produce?

Lo que sucede a nivel nacional encuentra su espejo en lo local. En Corrientes se sabía desde la semana anterior que la ley se trataba en el Senado. 

Sin embargo, la convocatoria a movilizar se realizó recién el lunes por la noche para marchar el miércoles a las seis de la tarde, desde la sede de la CGT hasta la Plaza Vera, a pocas cuadras. No se eligió el horario de mayor circulación. No se convocó a la Plaza 25 de Mayo. No se interpeló directamente a la Casa de Gobierno provincial.

La cautela local replica la moderación nacional. Mientras tanto, en conflictos concretos como el de los trabajadores de ALAL, la escena fue aún más elocuente: una audiencia que termina con sugerencias de no movilizarse, de no “gastar energía”, casi de aceptar el 50%, cuando ni siquiera está garantizado plenamente por la empresa.

Si la conducción sindical se limita a acompañar decisiones tomadas bajo presión, deja de ser conducción y pasa a ser administración de daños.