En la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, Argentina abandonó su tradicional posición de respaldo a la isla caribeña y votó en contra de la resolución titulada “Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

La propuesta fue aprobada por una mayoría aplastante: 165 países votaron a favor, 7 en contra y 12 se abstuvieron. Entre los países que votaron en contra —junto a EE.UU.— se cuentan Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay, Ucrania e Israel.

Las medidas de bloqueo impuestas por EE.UU. sobre Cuba han sido descritas por numerosos gobiernos y analistas como contrarias al derecho internacional, bajo argumentos de que constituyen una forma de coerción unil­ateral, discriminan el comercio internacional y violan la soberanía nacional.

Levantar esas restricciones implicaría, entre otras cosas:

Reconocer la plena soberanía de la República de Cuba frente a injerencias económicas externas.

Facilitar el flujo de comercio, importaciones y exportaciones, así como inversiones extranjeras, lo que podría aliviar el impacto económico y social que el embargo ha tenido sobre la población.

Eliminar una de las sanciones más duraderas en la historia contemporánea, algo que —según Cuba y sus aliados— afecta derechos humanos, acceso a bienes esenciales y al sistema financiero global.

 Por tanto, que Argentina haya votado en contra de levantar las restricciones no solo marca un cambio diplomático significativo, sino que se contrapone a lo que durante décadas fue su propia práctica estatal y lo que el escenario internacional mayoritariamente ha expresado.