Este martes, ATE Corrientes volvió a realizar una nueva asamblea frente a Vialidad Provincial, en la que se planificaron próximas medidas de fuerza ante la persistente falta de respuestas por parte del Gobierno provincial y la entidad vial.

Según explicó el delegado gremial Roberto Acosta, fueron despedidos 80 trabajadores precarizados (monotributistas) que realizaban tareas viales, y ahora se anuncian otros 40 despidos adicionales, lo que elevaría la cifra a 120.

Acosta explicó que los afectados “hacen todos los trabajos duros: cordón y cuneta, asfalto, y embellecen la ciudad” y que fueron relevados sin causa aparente. Aprovechando la conversación, denunció que la mayoría de la fuerza laboral –unos 300 monotributistas– fue incorporada con esa modalidad desde la nueva gestión en Vialidad hace dos años. 

“El personal de planta en toda la provincia son 100 empleado, y el resto monotributistas”, describió.

Además, la asamblea denunció que los trabajadores no solo fueron despedidos, sino que en ocasión del reclamo sindical fueron amedrentados mediante un operativo policial “desmedido”: escudos, armas y barreras para impedir la movilización por la calle, lo que el gremio considera parte de un “plan” de ajuste.

“Nos prohibían que vayamos por la calle con tal de no buscar confrontaciones, nos movilizamos por la vereda, pero había más policías que trabajadores”, recordó Acosta.

Mantuvieron una reunión con el Fiscal de Estado pero argumenta que no puede resolver la situación ya que Vialidad es un ente autartico y le corresponde al directorio del mismo.  También se señala que el presidente del organismo desvía las consultas al abogado asesor de Vialidad, mientras que el reclamo central del gremio gira en torno a la aplicación del convenio colectivo de trabajo que estaría “firme y consentido” desde 2013, pero que no se cumple.

 También se alude a que el nuevo directorio tiene personas de entidades privadas trabajando en la gestión pública del organismo vial y por eso no aplican bien lo que deberían, una cuestión que el delegado considera clave para entender el conflicto.

Respecto a salario, los trabajadores monotributistas despedidos cobraban entre 350 000 y 500 000 pesos, según datos aportados por Acosta.

Frente a esto, ATE exige que se cumpla el convenio, que se garantice una “jubilación digna” y que se revierta el vaciamiento que denuncian en el organismo. Luego de esta última asamblea, se definió una nueva movilización para el jueves 27 de noviembre frente a las puertas de Vialidad Provincial. Reafirma el reclamo porque “las 80 familias siguen sin respuesta” y la persecución contra el delegado es “inadmisible”, concluyeron.