El gobernador, Gustavo Valdés, habría decidido iniciar la campaña de vacunación contra el dengue con un remanente de dosis que adquirió Farmar, la cadena de farmacias propiedad de Juan Alejandro Castro, que estaban a punto de vencerse. 

Según reveló La Política Online (LPO), en el pico de la epidemia, Farmar compró un lote importante de vacunas, pero la demanda estuvo lejos de lo esperado.

La versión indica que la empresa de Castro no estaba vendiendo ni cerca la cantidad de vacunas esperada y se le estaba acercando el vencimiento del lote. Con el riesgo de una pérdida económica grande apareció la mano salvadora del gobierno correntino.

El Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor), anunció entonces que le cubriría a sus afiliados el 50% del valor de la vacuna (que cuesta unos 70 mil pesos). El beneficio está únicamente en las farmacias de la Red Farmar, la firma de Castro. 

Castro es uno de los empresarios que tuvo un crecimiento vertiginoso desde que el Radicalismo llegó al poder en la provincia, allá por el año 2001. 

Desde ese momento, el empresario monopolizó la industria farmacéutica en la provincia primero, y luego en toda la región. Y su extensión sigue llegando a otras latitudes del país, con más de 130 sucursales abiertas. 

Uno de los mayores beneficios que obtuvo en estos años es tener un convenio de prioridad para que todos los afiliados del Ioscor tengan que comprar únicamente en Farmar. El resto de las farmacias solo pueden acceder a "cupos" de venta.

Castro también es dueño de la droguería Jufec, que tiene el beneficio de ser el único proveedor del Ioscor de medicamentos oncológicos, de tratamientos especiales y de enfermedades crónicas, . Todo bajo el mecanismo de contratación directa, sin competencia.

El empresario amigo del radicalismo correntino tuvo sus problemas judiciales, pero siempre zafó. Hace unos años fue denunciado por estafas reiteradas al PAMI con la venta de medicamentos y maniobras impositivas.

Sin embargo, el entonces juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, fue el encargado de frenar las investigaciones.

Otro caso resonante que involucró al empresario fue la compra supuestamente fraudulenta de un valioso terreno en el centro de Corrientes a una ONG que lo había recibido como donación del Estado provincial y que no podía disponerlo para otro fin. 

Castro fue denunciado penalmente, pero la causa terminó archivada, de acuerdo a lo consignado por LPO.